En una medida que ha encendido las alarmas de las organizaciones sindicales, el Gobierno del pinochetista José Antonio Kast anunció el retiro oficial del Congreso Nacional del proyecto de ley que establecía la negociación ramal en Chile. La iniciativa, que buscaba nivelar la cancha entre el capital y el trabajo, proponía un modelo de diálogo por sectores económicos en lugar de la atomizada negociación empresa por empresa.

Con este retiro, la administración de derecha cierra la puerta a un mecanismo que permitiría que los beneficios obtenidos en sueldos y prestaciones alcanzaran a la totalidad de los trabajadores de una misma rama, ya sea en el comercio, la industria, los servicios o la minería.

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El fin de un «piso mínimo» de dignidad

El proyecto de negociación ramal no sustituía la negociación individual al interior de cada firma, sino que funcionaba como un piso mínimo de derechos. Bajo este modelo, las empresas quedaban impedidas de competir en el mercado a costa de reducir los salarios, obligándolas a buscar competitividad mediante la innovación y la productividad, y no mediante la explotación de la mano de obra.

Este sistema es una práctica común en la mayoría de los países desarrollados de la OCDE, organismo del cual Chile es parte. Sin embargo, el Ejecutivo actual ha decidido alinearse con los intereses de las grandes corporaciones, debilitando el poder de negociación de los sindicatos frente a las estructuras de las grandes empresas.

El Presidente Kast, junto a sus ministros, presenta hoy el Plan de Reconstrucción Nacional https://t.co/inepLuiMGv

— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 14, 2026

Presiones empresariales y dilación política

El retiro del proyecto por parte de Kast obedece a las intensas presiones de los gremios empresariales. Estos sectores han argumentado, sin presentar evidencias técnicas sólidas, que la medida profundizaría el desempleo, aumentaría la informalidad y contraería el crecimiento económico; argumentos recurrentes para frenar avances en derechos sociales.

Cabe destacar que, pese a las notables ventajas que esta reforma representaba para la clase trabajadora, el Gobierno del ahora expresidente Gabriel Boric demoró excesivamente el ingreso del proyecto al Legislativo. La iniciativa fue presentada apenas el pasado 3 de marzo, solo días antes de finalizar su mandato, lo que dejó el camino despejado para que la nueva administración de Kast la retirara sin haber iniciado siquiera su discusión parlamentaria.

Un panorama de incertidumbre laboral

La decisión del Gobierno ha sido calificada por analistas y líderes sociales como un retroceso en la agenda de justicia social. Al frenar la reforma, el Estado chileno renuncia a un instrumento clave para reducir la desigualdad salarial y fortalecer el tejido sindical, dejando a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad frente a las decisiones unilaterales del gran capital.

Mientras la reforma laboral queda sepultada en el Congreso, las centrales sindicales ya evalúan jornadas de movilización para exigir que no se sigan desmantelando las conquistas que buscan equilibrar la balanza entre trabajadores y empleadores en el país austral.

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